Fortalecimiento de la defensa pública especializada en materia indígena con enfoque género en Argentina y el rol del facilitador intercultural

En general, los sistemas de justicia penal latinoamericanos están diseñados e implementados para atender a grupos con rasgos socioculturales similares. Uno de los grupos afectados por esta generalización es el de las personas pertenecientes a pueblos originarios. La inadvertencia de rasgos culturales y la falta de medidas de inclusión en el proceso penal pueden traducirse en que las personas indígenas puedan verse enfrentadas a obstáculos, desventajas, prejuicios e, incluso, graves vulneraciones a sus DDHH mientras se celebra un juicio en su contra.

Este proyecto, de 18 meses, busca perfeccionar el acceso a justicia penal en igualdad de condiciones de personas de pueblos originarios que sean imputadas por delitos en provincias argentinas con alta densidad de población indígena. Se enfocará en la creación y articulación de equipos de defensa pública especializada para personas indígenas, que permitan líneas de “defensa cultural” con enfoque de género, adecuaciones transitorias al proceso penal en contra de personas indígenas e implementación de la figura de “facilitador intercultural”. El socio local es el Ministerio Público de la Defensa (MPD) de la República Argentina.

La estrategia de intervención propuesta se organiza en 4 actividades: 1. Creación de un modelo de defensa penal especializada para Argentina con el fin de crear un modelo que responda con integridad y efectividad a los requerimientos de la población que se busca beneficiar. 2. Capacitaciones para defensores públicos en materia de defensa penal indígena, que prevean capítulos de sensibilización, habilidades de litigación, conocimientos teóricos sobre defensas culturales, conocimientos jurídicos, revisión de normativa nacional e internacional, ejercicio de simulación y, finalmente, hipótesis de interseccionalidad en la defensa de personas indígenas, a fin de ofrecer un servicio de defensa especializado y que vele íntegramente por los derechos humanos de los usuarios. Se capacitará también a facilitadores interculturales que, como miembros de las comunidades con las que se trabajará, permiten y facilitan la vinculación y la generación de confianzas entre las comunidades y los organismos del Estado. 3. Redacción de manuales dirigidos a defensores y facilitadores interculturales y 4. Colaboración y coordinación mutua entre referentes de las Defensorías de ambos países, con la finalidad de poder hacer seguimiento al desarrollo de cada uno de los programas de defensa penal especializada; intercambio de ideas, experiencias y material; capacitación mutua y permitir la coordinación internacional en casos que lo requieran.

El proyecto se focalizará en tres áreas: Noroeste Argentino con centro en la provincia de Salta; Noreste Argentino con centro en la Provincia de Chaco y Patagonia con centro en Río Negro. La asistencia técnica está dirigida a 210 defensores públicos del MPD de las provincias mencionadas y a funcionarios que hayan sido designados para ejercer roles de facilitadores interculturales